La corrupción salpica al Tribunal de Cuentas español

¿QUIEN FISCALIZA A LOS FISCALIZADORES? 

—• En el Tribunal de Cuentas hay esposas, cuñados, concuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos e incluso a amigos de la infancia de sus altos cargos. 

—• Este tribunal es uno de los organismos públicos españoles que mejores sueldos paga a sus empleados: en torno a 3.000 euros mensuales de media.

Álvarez de Miranda tiene en la plantilla a su concuñada, Cristina Querarto Iborra, y a un sobrino, José Manuel García Soriano. Su segundo en el tribunal, el presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro (PP), tiene a un hermano (Enrique Medina), una hermana (María Consuelo Medina Guijarro), a su esposa (María del Carmen Higueras Esteban). ( Fuente: EL PAÍS)

VARIAS COSAS están claras en la transparencia con que se actúa en el control fiscal en el estado español.

La Constitución española de 1978 atribuye al Tribunal de Cuentas la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable.

El Tribunal de Cuentas se configura en la Constitución como el supremo órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera del sector público.

Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en el ámbito de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos. En ello se resume la esencia de su cometido.

Y si las cosas fallaran, ¿quien fiscaliza al fiscalizador? 

Y el Tribunal de Cuentas ha fallado esta vez. 

LA NOTICIA QUE PONE EN LLAMAS AL TRIBUNAL 

Lo revela el diario español El País, aquí 

http://politica.elpais.com/politica/2014/06/23/actualidad/1403548994_107851.html

Los lazos de parentesco en el Tribunal de Cuentas alcanzan a 100 empleados

Los dos últimos presidentes del comité de empresa acumulan 17 allegados.

Varios altos cargos tienen numerosos familiares en la institución

La nota de JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ha puesto al descubierto que el Tribunal de Cuentas alberga en su plantilla, de poco más de 700 trabajadores, a casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales, en especial de UGT.

Para la investigación que acredita EL PAÍS, "esto supone que aproximadamente el 14% de la plantilla tiene vínculos familiares dentro de la institución, y cerca del 10% tienen vinculaciones con altos y medios cargos". 

Desde el actual presidente —Ramón Álvarez de Miranda García— hasta los responsables del comité de empresa, pasando por consejeros y conocidos políticos, tienen entre la plantilla del tribunal a esposas, cuñados, concuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos e incluso a amigos de la infancia. También hay parejas sentimentales y hermanas de éstas.

Este tribunal es uno de los organismos públicos que mejores sueldos paga a sus empleados: en torno a 3.000 euros de media. Un portavoz de la institución señala que todos los empleados han accedido a la plantilla tras franquear “una oposición libre y abierta”, cita la investigación 

Varios consejeros del Tribunal de Cuentas han reclamado al presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, que modifique la configuración de los tribunales opositores. Es decir, que al menos tres de los cinco miembros que integran los jurados examinadores sean ajenos a la institución, a diferencia de lo que viene sucediendo desde hace muchos años.

Las preguntas de las oposiciones se preparan dentro del tribunal y la mayoría de examinadores (tres de los cinco) son altos cargos y representantes sindicales del organismo. Según fuentes de la institución, la finalidad de cambiar los tribunales opositores es conjurar las sospechas de enchufismo y favoritismo que se ciernen sobre parte de la plantilla. Según estas fuentes, Álvarez de Miranda (hijo del ex presidente del Congreso y ex Defensor del Pueblo Fernando Álvarez de Miranda) se ha mostrado receptivo a esa idea.

Álvarez de Miranda tiene en la plantilla a su concuñada, Cristina Querarto Iborra, y a un sobrino, José Manuel García Soriano. Su segundo en el tribunal, el presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro (PP), tiene a un hermano (Enrique Medina), una hermana (María Consuelo Medina Guijarro), a su esposa (María del Carmen Higueras Esteban) y a una pariente lejana de su cónyuge (María Pérez Michaus). Medina rechaza vínculos con esta última, y señala que el resto de sus parientes accedieron al tribunal antes de que él fuese consejero, en 2003.

Los consejeros tienen dos secretarias, coche oficial y ganan 4.700 euros netos al mes durante los nueve años de mandato, que son renovables. Ellos gobiernan el organismo. Hay 12 consejeros: siete nombrados por las Cortes Generales a propuesta del PP y cinco a propuesta del PSOE, uno de ellos consensuado con IU.

UNA INVESTIGACIÓN REVELADORA

Según investigó El País,  la familia de Javier Medina, un histórico en la institución junto a su hermano Enrique (que ascendió a gerente tras llegar el primero a consejero en 2001), no es la única saga que anida en esta institución, que maneja un presupuesto de 60 millones de euros al año.

Entre los grupos familiares (algunos de los funcionarios ya están jubilados o han fallecido) destaca la familia de Julio Ronda, durante años presidente del comité de empresa. Ronda ha participado en la elaboración de los últimos y sucesivos convenios colectivos de este organismo, que contienen una retahíla de categorías escalonadas a las que han accedido (tras superar una oposición) buena parte de los parientes que registra este órgano.

El sindicalista de UGT solo tiene el graduado escolar y, ascenso tras ascenso, ahora es jefe de equipo, con un sueldo, excluidas las pagas de productividad, de en torno a 2.800 euros. En el tribunal trabajan su exesposa (María Isabel Fernández Pérez), su actual pareja (Pilar Ramírez Villar), su nuera (Yolanda de la Torre Pérez), su cuñada (Consuelo Dávila Anillo), su sobrino (Manuel Ramírez Herans), otro sobrino (Jesús Sanz Hernández) y su amigo de la infancia Félix Real Perea. También, un hijo con su primera esposa, Alejandro Ronda Fernández. Éste y el anterior son jefes de equipo. La segunda esposa de Ronda, que empezó como limpiadora en el Ministerio de Defensa, es ahora jefa de equipo, y su sueldo supera los 3.000 euros al mes.

El Tribunal de Cuentas paga a sus empleados un 30% más de media que otros organismos públicos. Una secretaria de un directivo cobra unos 1.500 euros netos. El sueldo de la secretaria de un consejero del tribunal se eleva a 2.000 euros netos.

En este organismo fiscalizador trabaja también Concepción Sáenz, que ha intervenido como representante sindical por CC OO en algunas oposiciones. Esta tiene como conserje a su hija, Marta Guerrero Sanz. Y la actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez (que también ocupó hace años un alto cargo en el tribunal), a sus hermanas Paloma y Estela.

Otro caso que llamó la atención de El País, es el de José Antonio Pajares, secretario general del tribunal entre 1996 y 2012. Tiene a su hija (Ana Pajares Dimarcantonio, en el gabinete de prensa) y a su yerno (Héctor García Martín). Ana María Asensio López, adscrita a Fiscalización, tiene, por su lado, a María José Asensio López (su hermana). El anterior esposo de María José Asensio, ya fallecido, trabajó en el tribunal. Este, a su vez, compartió las mismas instalaciones laborales que su hermana, Amada Asenjo Liras, casada con Adolfo del Caso Ramos, también empleado de este organismo. Y con otro hermano más, Juan José Asenjo Liras.

Exministros y expresidentes tienen también a familiares en el tribunal. Procedente de un ministerio llegó María José Molinuevo, esposa del actual embajador en Reino Unido, Federico Trillo. Ahora está en excedencia. Y hace dos años entró Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, como consejero (a propuesta del PP). También es consejera la exministra de Justicia con el PP Margarita Mariscal de Gante. Ella y Manuel Aznar, como el resto de consejeros, fueron elegidos por las Cortes. También es consejera desde hace dos años, a propuesta del PP, María José de la Fuente. Dos primas suyas trabajan en el tribunal: María Asunción y María Eugenia de la Fuente Asprón, hijas del exministro de Franco Licinio de la Fuente. Otro caso es el de Julián Máñez, director técnico, cuyas dos hijas trabajan en el tribunal.

Los escalones medios e inferiores están ocupados por funcionarios, casi la mitad, y sujetos al Estatuto de la Función Pública, y los trabajadores laborales fijos, al Estatuto de los Trabajadores. Entre estos se hallan muchos de los allegados de los altos cargos y de los representantes sindicales, según ha confirmado este periódico.

El relevo de Ronda al frente del comité de empresa fue Alberto Otero. Su padre, Manuel Otero, fue jefe de Mantenimiento. Alberto Otero tiene ahora en el tribunal a su hermana, Dolores Otero Nieto; a su hermano, Juan Carlos Otero Nieto; a su excuñado, Miguel Ángel Moncada Peñaranda; a otro cuñado, Francisco Javier Hernández Trapero, y a su primo Ginés Gómez Nieto. “Aquí se sabe quién es el padrino de cada cual; lo raro es que haya alguien con padrino desconocido”, aseguran fuentes del tribunal.

A tenor con toda esta realidad, el informe de El País concluye que "son muchas las voces dentro del tribunal que sugieren que durante años, ha habido enchufismo y amaño de plazas en favor de determinados aspirantes". 

Hasta ahora, el presidente de la institución no contempla la dimisión.

OTRAS EVIDENCIAS

Solo cinco de los 60 informáticos del Tribunal de Cuentas son especialistas, cita otro informe que critica la ineficiencia del personal para el servicio

El reporte de JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ, acredita que el Tribunal de Cuentas, donde ya es conclusivo que casi un centenar de sus 700 empleados son familiares y allegados de altos cargos y de representantes sindicales del organismo, el personal de que dispone no puede asimila el domino de las nuevas tecnología.

Un informe del subdirector jefe del servicio central de informática de la Administración del Estado, al que tuvo acceso EL PAÍS, revela que "el 80% de la plantilla de informáticos del Tribunal de Cuentas (60 trabajadores) carece de conocimientos y titulación para afrontar las necesidades del servicio".

En los últimos años al

Tribunal de Cuentas se le ha cuestionado por su ceguera en casos como el de Bárcenas —que durante 20 años dispuso de una caja b en el PP nutrida con donaciones ilegales—, y porque tarda hasta cinco años en emitir sus informes sobre cómo gastan las administraciones el dinero de las arcas públicas y cómo gestionan los partidos políticos las subvenciones.

UN TABÚ INFORMÁTICO 

El informe sobre las graves carencias del servicio informático del Tribunal de Cuentas contiene un estudio comparativo con su análogo del Tribunal Constitucional.

El informe apuesta por que haya un equipo propio competente dentro del Tribunal de Cuentas que sea capaz de desarrollar los programas adecuados para su cometido fiscalizador y, a la vez, garantice la confidencialidad de la documentación que maneja.

Sin embargo, descubre “dos grandes debilidades” respecto al servicio informático del Tribunal Constitucional. “El Tribunal de Cuentas externaliza la mayoría de los mantenimientos de las infraestructuras y aplicaciones de administración electrónica. Estos mantenimientos se concretan en forma de atención telefónica desde un centro externo, por lo que no hay atención dentro del propio tribunal ni de técnico que conozcan de antemano las peculiaridades de la infraestructura del tribunal. Por ejemplo, si se cae la red de datos, la atención en primera instancia es telefónica, con independencia de la gravedad del incidente, lo que alarga los tiempos de resolución frente a los que se obtendrían si se dispusiera de técnicos en la propia sede, como sucede en el Tribunal Constitucional. Lo ideal sería disponer de técnicos informáticos en plantilla que se ocuparan de este trabajo para que el conocimiento se mantengan dentro del tribunal”.

El estudio compara la capacidad y nivel de los técnicos del Tribunal Constitucional y del de Cuentas, y concluye: “La relación entre puestos TIC [los más cualificados] y empleados es de 1 a 7 en el Tribunal Constitucional, mientras que en el Tribunal de Cuentas es de 1 a 64”.

La mesa está servida. ¿Quien fiscaliza a los fiscalizadores?

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García, prometió su cargo en presencia del rey Juan Carlos; el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente del Senado, Pío García Escudero.